Por: César Musalem Jop
En la misma forma que al presidente municipal se le conoce como primer regidor o alcalde (Al Caid voz árabe para designar a un jefe), a los ayuntamientos los conocemos como gobiernos municipales o locales.
Durante siglos fueron simples administraciones del otorgamiento, conservación y ampliación de los servicios públicos. En la época colonial los ayuntamientos obedeciendo los dictados virreinales (naturalmente en nombre del emperador o del rey), atendían la seguridad de las casas y calles; la dotación de agua potable; la iluminación de algunas avenidas principales, así como el cobro de los impuestos, derechos y servicios.
Aquí chismeando, les cuento del Madrid del mil doscientos y pico, pues ahí se voceó por medio del heraldo la ordenanza “que prohibía lanzar las mixiones y defecaciones contenidas en las bacinicas a la calle antes de las doce de la noche”.
Es a partir del 15 de marzo del año 2000 (Gabriel López Castañeda) cuando bajo el amparo del artículo 115 Constitucional Federal, los ayuntamientos ascienden de ser simples gobiernos de base piramidal (arriba los gobiernos estatales y en la cúspide en federal) para convertirse con autonomía e independencia en el más joven tipo de gobierno nacional.
De pronto, mexicanos carentes de estudios formales de administración; sin la práctica gubernamental; ni mucho menos la expertez nacida de la vinculación social, de un día para otro y después de ganar un proceso electoral, se encuentran manejando millones de pesos y centenas, a veces miles de trabajadores municipales.
Agreguémosle a la ignorancia administrativa la falta de probidad en el manejo de los tesoros municipales entre los cuales vá el cobro de comisiones por otorgar obra pública, patrimonializando los también cargos con familiares, quereres, y amigos, que jamás darán el perfil de los empleos enlistados en nómina.
La improvisación desaparecerá cuando la sociedad nacional le exija a los partidos que generen no cuadros político-partidario-electorales, sino batallones de combatientes sociales, amén de exigirle a los poderes legislativos: federal y estatales, que promulguen leyes donde el vecindario asociado con un mínimo de requisitos pueda participar en las elecciones municipales.
En toda nuestra Patria, y en nuestras treinta y un Matrias e incluso en el D.F. el que gana las elecciones patrimonializa de tal forma el poder político- administrativo-económico de los gobiernos, que después de doscientos años de iniciada la guerra de independencia contra España y a ciento ochenta y nueve de haberse consolidado su logro, el gobierno federal dispone del 80% de las rentas nacionales, las entidades federativas el 14% y los ayuntamientos el 6% sobrante.
Ante esta desusada distribución ¿cómo podría generarse un desarrollo federalista? Cuando el centralismo brutal se practica en las arcas nacionales destinando en forma cuantiosa al pago de una burocracia dorada.
Reproducido el modelo patrimonializador, tócale a los ayuntamientos del futuro romper con esta gobernación anacrónica, y convertirla en una gobernanza del siglo XXI.
Para ello, tendrían que vincularse a los expertos en gestión empresarial, para administraciones con recursos humanos altamente calificados, bien pagados, con un escalafón racionalmente gerencial, pero ante todo sujetos a una ley de servicio de carrera municipal, donde la convocatoria, selección y reclutamiento de personal, fuese en forma pública, universal y abierta.
Mientras los ayuntamientos no midan el tamaño de sus gobiernos, éstos seguirán hinchando las nóminas, como globos hasta un momento de violencia en que la sociedad pinche a los ayuntamientos como si fuesen adornos de fiestas de niños.
Las ciudades co-agrupadas al rededor de Los Angeles, California, USA, son varias pertenecientes a diversos condados. Como reciben impuestos, derechos, servicios y también pago de contratos y franquicias, prestan servicios públicos de alta calidad, o sofisticación; sin embargo el número de sus trabajadores y funcionarios está debidamente controlado y medido por los gobiernos, por los sindicatos, e incluso opinan sobre la creación de un puesto nuevo de trabajo, las cámaras de comercio, de educación y cualquier ente que pague impuestos para evitar el derroche y la corrupción.
En conclusión los cuerpos administrativos deben ser flexibles, delegados y consistentes.
En Puebla y en los otros once estados donde se efectuaron elecciones locales el domingo 4 de julio, tendrán los próximos ayuntamientos hasta seis meses para tomar posesión.
Si como mexicanos aportáramos un poco de política social, y dejásemos de lado (y ya como terminado) el aspecto de política partidaria electoral, tendríamos los futuros presidentes municipales, síndicos y regidores que prepararnos históricamente, para realizar las tareas conducentes a mejorar el entorno material e intelectual de las sociedades municipales a nuestro encargo.
Para ello es necesario elaborar un Plan Municipal de Desarrollo, que parte del diagnóstico general municipal.
Este abarcará obligadamente:
A.1.- El desarrollo social definido y visto con la óptica ideológica de la plataforma política que lo llevó al triunfo electoral.
A.2.- Definido lo anterior deben analizarse los aspectos demográficos.
A.3.- La existencia, estado y rendimiento de las instituciones educativas, culturales y recreativas.
A.4.- Con rango específico debe atenderse el aspecto de salud en el campo asistencial curativo, como en el de participación ciudadana y vecinal de la medicina preventiva.
A.5.- Igual tratamiento debe presentarse al capitulado del desarrollo económico, precisando la existencia y el estado de las empresas-negocios: familiares, micro, pequeñas y medianas.
A.6.- El sector agrícola, pecuario, y agro-industrial, debe precisarse incluso con tal datología que le permita a los interesados obtener alientos económicos, estatales, federales y municipales.
Con el diagnóstico en mano tirar las líneas de acción será un juego de niños. Tócale a los ejecutores concretar las tareas con productividad (eficacia más eficiencia, honestidad y patriotismo; palabra por cierto casi desconocida en los argotes partidarios. cesarmusalem@puebla.com 5/XI/10
Durante siglos fueron simples administraciones del otorgamiento, conservación y ampliación de los servicios públicos. En la época colonial los ayuntamientos obedeciendo los dictados virreinales (naturalmente en nombre del emperador o del rey), atendían la seguridad de las casas y calles; la dotación de agua potable; la iluminación de algunas avenidas principales, así como el cobro de los impuestos, derechos y servicios.
Aquí chismeando, les cuento del Madrid del mil doscientos y pico, pues ahí se voceó por medio del heraldo la ordenanza “que prohibía lanzar las mixiones y defecaciones contenidas en las bacinicas a la calle antes de las doce de la noche”.
Es a partir del 15 de marzo del año 2000 (Gabriel López Castañeda) cuando bajo el amparo del artículo 115 Constitucional Federal, los ayuntamientos ascienden de ser simples gobiernos de base piramidal (arriba los gobiernos estatales y en la cúspide en federal) para convertirse con autonomía e independencia en el más joven tipo de gobierno nacional.
De pronto, mexicanos carentes de estudios formales de administración; sin la práctica gubernamental; ni mucho menos la expertez nacida de la vinculación social, de un día para otro y después de ganar un proceso electoral, se encuentran manejando millones de pesos y centenas, a veces miles de trabajadores municipales.
Agreguémosle a la ignorancia administrativa la falta de probidad en el manejo de los tesoros municipales entre los cuales vá el cobro de comisiones por otorgar obra pública, patrimonializando los también cargos con familiares, quereres, y amigos, que jamás darán el perfil de los empleos enlistados en nómina.
La improvisación desaparecerá cuando la sociedad nacional le exija a los partidos que generen no cuadros político-partidario-electorales, sino batallones de combatientes sociales, amén de exigirle a los poderes legislativos: federal y estatales, que promulguen leyes donde el vecindario asociado con un mínimo de requisitos pueda participar en las elecciones municipales.
En toda nuestra Patria, y en nuestras treinta y un Matrias e incluso en el D.F. el que gana las elecciones patrimonializa de tal forma el poder político- administrativo-económico de los gobiernos, que después de doscientos años de iniciada la guerra de independencia contra España y a ciento ochenta y nueve de haberse consolidado su logro, el gobierno federal dispone del 80% de las rentas nacionales, las entidades federativas el 14% y los ayuntamientos el 6% sobrante.
Ante esta desusada distribución ¿cómo podría generarse un desarrollo federalista? Cuando el centralismo brutal se practica en las arcas nacionales destinando en forma cuantiosa al pago de una burocracia dorada.
Reproducido el modelo patrimonializador, tócale a los ayuntamientos del futuro romper con esta gobernación anacrónica, y convertirla en una gobernanza del siglo XXI.
Para ello, tendrían que vincularse a los expertos en gestión empresarial, para administraciones con recursos humanos altamente calificados, bien pagados, con un escalafón racionalmente gerencial, pero ante todo sujetos a una ley de servicio de carrera municipal, donde la convocatoria, selección y reclutamiento de personal, fuese en forma pública, universal y abierta.
Mientras los ayuntamientos no midan el tamaño de sus gobiernos, éstos seguirán hinchando las nóminas, como globos hasta un momento de violencia en que la sociedad pinche a los ayuntamientos como si fuesen adornos de fiestas de niños.
Las ciudades co-agrupadas al rededor de Los Angeles, California, USA, son varias pertenecientes a diversos condados. Como reciben impuestos, derechos, servicios y también pago de contratos y franquicias, prestan servicios públicos de alta calidad, o sofisticación; sin embargo el número de sus trabajadores y funcionarios está debidamente controlado y medido por los gobiernos, por los sindicatos, e incluso opinan sobre la creación de un puesto nuevo de trabajo, las cámaras de comercio, de educación y cualquier ente que pague impuestos para evitar el derroche y la corrupción.
En conclusión los cuerpos administrativos deben ser flexibles, delegados y consistentes.
En Puebla y en los otros once estados donde se efectuaron elecciones locales el domingo 4 de julio, tendrán los próximos ayuntamientos hasta seis meses para tomar posesión.
Si como mexicanos aportáramos un poco de política social, y dejásemos de lado (y ya como terminado) el aspecto de política partidaria electoral, tendríamos los futuros presidentes municipales, síndicos y regidores que prepararnos históricamente, para realizar las tareas conducentes a mejorar el entorno material e intelectual de las sociedades municipales a nuestro encargo.
Para ello es necesario elaborar un Plan Municipal de Desarrollo, que parte del diagnóstico general municipal.
Este abarcará obligadamente:
A.1.- El desarrollo social definido y visto con la óptica ideológica de la plataforma política que lo llevó al triunfo electoral.
A.2.- Definido lo anterior deben analizarse los aspectos demográficos.
A.3.- La existencia, estado y rendimiento de las instituciones educativas, culturales y recreativas.
A.4.- Con rango específico debe atenderse el aspecto de salud en el campo asistencial curativo, como en el de participación ciudadana y vecinal de la medicina preventiva.
A.5.- Igual tratamiento debe presentarse al capitulado del desarrollo económico, precisando la existencia y el estado de las empresas-negocios: familiares, micro, pequeñas y medianas.
A.6.- El sector agrícola, pecuario, y agro-industrial, debe precisarse incluso con tal datología que le permita a los interesados obtener alientos económicos, estatales, federales y municipales.
Con el diagnóstico en mano tirar las líneas de acción será un juego de niños. Tócale a los ejecutores concretar las tareas con productividad (eficacia más eficiencia, honestidad y patriotismo; palabra por cierto casi desconocida en los argotes partidarios. cesarmusalem@puebla.com 5/XI/10
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