Durante el gobierno
anterior, la “guerra” declarada por el entonces Presidente en turno dejó cifras
espeluznantes en torno a número de
víctimas, muchas de ellas inocentes; el saldo alrededor de 60 mil muert@s y 20
mil desaparecid@s, durante ese período.
Familiares de las
víctimas, organizaciones civiles diversas y muchos más en lo individual,
levantaban la voz para solicitar que el gobierno federal de entonces,
modificara su estrategia, generándose varios intentos fallidos de atención, la
respuesta para ese saldo “daños colaterales”.
Un esfuerzo más lo
fue el del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que tradujo su lucha
en una propuesta de Ley que permitiera proteger a las víctimas del delito y de
violaciones a sus derechos humanos y combatir la doble victimización a la que
se enfrentan.
Esta Ley General de
Víctimas fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión. El grupo
parlamentario del PRI en su posicionamiento a favor de esta Ley señaló “es un reclamo del pueblo de México, detrás
del cual están víctimas de secuestro, desapariciones y privación de la vida” pero
el entonces presidente Felipe Calderón la impugnó al promover una controversia
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello se detuvo su entrada
en vigor.
Hace unos días
cumpliendo un compromiso asumido en el período de campaña, ratificado en su
primer día de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó desistirse de
esa controversia presentada, para que fuese promulgada esta Ley.
Si bien el presidente
Peña Nieto ratificó con este acto el objetivo de su gobierno de “construir un
país en paz, donde el ciudadano sea el centro de la política de seguridad” y
que el “Estado Mexicano debe estar al lado de las víctimas y sus familias”;
también, es importante precisar, que diversos organismos como el Programa
Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han valorado que los
conflictos violentos, “pueden acabar con décadas de logros en materia de
desarrollo” y que creando “consenso en las disputas” e invirtiendo en
“gobernabilidad democrática” que incluye por supuesto, el fortalecimiento del
marco legislativo; esencial para que el desarrollo funcione -hoy, fundamental
en México- demuestra la gran importancia que permea alrededor del hecho de
promulgar esta Ley General de Víctimas.
“Reconocer y garantizar los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho
a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral,
restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos
los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados
Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y
demás instrumentos de derechos humanos” es el objetivo de la Ley General de
Víctimas.
Y sin duda, como
toda Ley es perfectible y puede ser sometida a reformas y adiciones que
permitan profundizar en los mecanismos para la protección de las víctimas,
dándole plena viabilidad a través de los órganos que tendrán que crearse para
ello como el sistema nacional de víctimas, la comisión ejecutiva de atención,
un órgano de asesoría jurídica, un registro nacional de víctimas, un fondo de
ayuda y mantener una comunicación directa con las familias de las víctimas y
los desaparecidos –que por cierto, ya se
está haciendo por parte del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong- claro! que representa un paso adelante, pero también
decisivo, con implicaciones positivas.
“La ley es un paso
necesario, significativo y de plena legitimidad en el amino de dotar a las
mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que
garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y
precariedad que las convierte, sin buscarlo ni quererlo, en víctimas del delito
y de violaciones a os derechos humanos” señaló el representante en México del
Alto Comisionado de a ONU para los derechos humanos.
A la Cámara de
Diputad@s corresponderá analizar, debatir y elaborar las reformas y leyes que
sean presentadas, para perfeccionar la que comento, u otras, que surgirán de
esa construcción de acuerdos que está generando el “Pacto por México” y que
serán integradas a la agenda legislativa para el segundo período de sesiones y
lo seguiremos haciendo en ese ambiente de colaboración y responsabilidad
partidista.
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de Mujer Atlixco
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