domingo, 21 de abril de 2013

NIÑOS Y NIÑAS/DERECHO A LA PARTICIPACION

El último grupo de derechos considerados por UNICEF-México, que en mis colaboraciones del mes de abril -considerado como el mes de las niñas y los niños- he venido abordando con el propósito de que tod@s hagamos el esfuerzo de considerar que los primeros años de vida de los niños y las niñas, son cruciales en su desarrollo y su aprendizaje y tienen un importante impacto en su vida adulta; es el que se establece como Derecho a la participación.
Este grupo involucra “las libertades de pensamiento, conciencia, religión, expresión y reunión de los niños, niñas y adolescentes; así como su derecho a opinar, a ser escuchado y a estar informado, tanto para participar como para protegerse y apoyar su sano desarrollo”
La Ley para la protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en México establece el derecho de protección en su capítulo décimo tercero, incluye: libertad de expresión, que podrán ejercerlas sin más límite que lo previsto en la Constitución; ejercicio de opinión, que implica se tome en cuenta sus opiniones y propuestas en asuntos de su familia o comunidad que les afecten; participación e información, mediante la obligación del Estado de establecer políticas que lleven a que los niños, niñas y adolescentes estén informados de todo lo que puede ayudarles en su desarrollo y la protección a sí mismos de peligros que puedan afectar dicho desarrollo, su salud o su vida.
Lo anterior permitirá que los niños/as y adolescentes, vivan una ciudadanía activa, ya que cuando se sienten escuchados, cuando se les anima a expresarse y a defender sus opiniones e ideas, los estudios señalan que tienen mayores posibilidades de gozar de una buena autoestima, de tener más confianza en sí mismos y pueden desarrollar mejor sus conocimientos y capacidades; además de que aprenden a enfrentarse o a buscar herramientas para encarar situaciones de amenaza, de injusticia o de abuso.
Así en los Objetivos del Milenio, se plantea el fomento de una alianza mundial para el desarrollo, mediante el acceso a los beneficios de nuevas tecnologías de información y comunicaciones.
Sin embargo, en México UNICEF reporta en datos de 2008, que el 97.3% de niños/as y adolescentes si bien tienen acceso a algún tipo de medio de comunicación (radio, televisión, libros y revistas), solo el 11.6% tienen acceso a internet desde su vivienda.
Si hacemos un análisis de lo anterior, podemos dar cuenta que todavía hay un rezago en este grupo de derechos de participación establecidos y que esa promoción de su bienestar social, espiritual y moral, salud física y mental  establecida en el artículo 17 de la Ley para la protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, requiere todavía que ese marco de protección legislativa de los derechos de la infancia vigente, se traduzca en políticas reales donde justamente entra la intervención de Estado como garante de los derechos de l@s niñ@s.
Sólo con la intervención del Estado podrá cumplirse en México con lo planteado  en los cuatro grupos de derechos que UNICEF ha definido para que los países miembro, incidan con políticas públicas de protección a favor de niños/as y adolescentes: derecho a la sobrevivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección y derecho a la participación; y que en nuestro país están establecidos en el artículo 15 Constitucional  “para su desarrollo integral, los niños y las niñas tienen derecho, entre otros, a satisfacer sus necesidades de alimentación y salud; y, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes garantiza su derecho intrínseco a la vida en condiciones que permitan su sano y armonioso crecimiento físico, mental, material y social.
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domingo, 14 de abril de 2013

NIÑOS Y NIÑAS/DERECHO A LA PROTECCION

Otro grupo de atención en niñas y niños que sostiene UNICEF a favor de niñas y niños y que debe garantizar el Estado mexicano, es el derecho a la protección que incluye también a l@s adolescentes.
La Convención sobre los derechos del Niños,  establece que es niñ@ toda persona que no llega a los 18 años de edad. Por ello es el instrumento internacional que brinda protección legal a los adolescentes. Por su parte la OMS define adolescente como toda persona de entre 10 y 19 años de edad.
Y los derechos de protección están referidos justamente a “una de las caras menos visibles de flujos migratorios que son los niños, niñas y adolescentes, que viajan solos buscando reunirse con sus familias, que viajan buscando oportunidades de trabajo o educación o lo hacen por escapar de la violencia familiar, la trata o la explotación”
México tiene 3,200 km de frontera con EEUU en el norte y más de mil con Guatemala y Belice en el sur; ambas fronteras presentan abundantes flujos migratorios.
Los riesgos que corren son muy altos, por su vulnerabilidad a la explotación laboral o sexual, al abuso físico y a la extorsión, experimentando situaciones que dejan profundas huellas.
INEGI (2010) señaló que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes de 0-17 años aumentó de 1.7 a 3-6 por cada 100,000 de 2007 al 2010. Entre l@s jóvenes de 15 a 17 años fue de 5.3 a 14.4 durante el mismo período. De ahí la urgencia de proteger sus derechos
A ello debemos agregar la problemática que implica el proceso de repatriación que puede representar un trauma extremo, si no se les otorgan derechos en todas las etapas del circuito migratorio ya que muchas de las veces este proceso lo hace solos.
La repatriación de niñ@s y adolescentes no acompañados, puede ser desde EEUU, o desde México a sus países de origen. Para dar cuenta del número de casos que se presentan, permítanme referir los reportados en 2009 por el Instituto Nacional de Migración (INM) 25, 993 casos de repatriación de niñ@s y adolescentes provenientes de EEUU de los cuales 15, 561 lo hicieron no acompañados. La misma fuente reporta que México repatrió a 5,204 provenientes de Centroamérica de los que 3, 565 viajaban solos y provenían de Honduras, Guatemala, El Salvador  y Nicaragua.
La Red Consular fronteriza de México e EEUU reportó para 2008 la repatriación de 17, 772 niños, niñas y adolescentes no acompañados, de los cuales el 83% fueron hombres y 17% mujeres, la misma fuente reportó que del número de repatriados en ese año, 493 niñ@s eran indígenas: 123 mixtecos, 70 zapotecos y 68 nahuas y sus lugares de origen eran Michoacán 9%, Guanajuato 8%, Oaxaca 7%, Guerrero 6.4% y Puebla 6.3%, provenientes de California, Texas, Arizona y Nueva York.
Encuentro que las tres fuentes de datos de este tema (SER, INM, DIF) no coinciden del todo y se señala que es derivado de que cada Institución tiene distintos sistemas de información y registro, sin embargo las cifras que arrojan todos, nos proporciona información para entender la dimensión de este problema.
Un elemento más a atender dentro del grupo de derechos de protección de niños, niñas y adolescentes es su protección a la explotación laboral, ya que el trabajo infantil constituye una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al juego, la lectura y el deporte, es decir, a su desarrollo pleno.
Datos oficiales indican que en México hay 3’647,067 niños de entre 5 y 17 años de edad que trabajan, de un total de 29’203,394. De los cuales 67% son niños y 33% son niñas, incluso se refiere que 1.1 millones no han cumplido siquiera la edad mínima para incorporarse a actividades laborales que señala la Constitución y la LFT (5-13 años).
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 (ENOE) señala que 7 de cada 10 niñ@s que trabajan viven en zonas rurales  y 3 de cada 10 en urbanas y se concentra alrededor del 24% en entidades como: Estado de México, Jalisco y Puebla. A lo anterior, sumamos el trabajo infantil que realizan en quehaceres domésticos, donde en niños alcanza el 59.8% pero en niñas se eleva a 72.5%; o cuidando de otros, o acarreando agua, etc.

Todo lo anterior nos remite nuevamente a la necesidad de proteger sus derechos, a no ser re-victimizados y a que el Estado asuma su responsabilidad de retirar obstáculos para su desarrollo social y económico para no seguir  favoreciendo lo que se conoce como la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes.

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domingo, 7 de abril de 2013

NIÑOS Y NIÑAS/ DERECHO AL DESARROLLO


En el mes de las niñas y niños y a manera de dar continuidad a mi entrega anterior, que permita ir visibilizando la realidad de las niñas y niños en México, hoy abordaré algunos datos del segundo grupo de derechos de  niños y niñas, clasificados por UNICEF como derecho al desarrollo, que incluye su derecho a la educación y al esparcimiento.

El marco jurídico internacional de derecho a la educación se encuentra previsto en numerosos acuerdos internacionales, que establecen que todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación libre,  gratuita y de calidad y otorga a los Estados la responsabilidad de garantizar ese derecho en todas sus etapas de la vida y a ofrecer atención especial a grupos vulnerables y/o minoritarios, sin discriminación y eliminando las disparidades de género.

De manera que el derecho a la educación se inscribe en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. México ha suscrito los principios y metas planteadas en las principales cumbres y convenciones internacionales y ha incorporado el derecho a la educación e el artículo 3º de nuestra Constitución.

Si bien se presenta avances en el acceso de niñas y niños a las escuelas en México; aún permanecen 1.2 millones de niños y niñas  entre 5 y 14 años fuera de ellas; otro gran reto es sin duda, la deserción escolar en el nivel de educación secundaria y media superior.

La matrícula en educación primaria para niños y niñas entre 6 y 11 años de edad, fue de 97.9% en niños y 98.6% en niñas; concluyeron estos estudios de primaria en 2007 el 90.5%, frente al 70.5% que lo hicieron en 1990.

En el 2007 se estimó que 556 mil niñas y niños entre 5 y 11 años trabajaban. En 2008, más de 357 mil niños y niñas en el mismo grupo de edad se reporta que no asistían a la escuela debido a diversas causas, principalmente relacionadas con pobreza y trabajo infantil.

La inasistencia y la deserción escolar  tienen que ver también, con la falta de apoyo de los padres y de los maestros que en muchos lugares no hablan la lengua original de las comunidades y hasta con la falta de acta de nacimiento.

UNICEF reporta que es muy importante considerar también la calidad de la enseñanza, revelando datos fundamentales: en el año 2000 el 44.2% de alumn@s de 15 años no entienden bien lo que leen, 2 de cada 3 (65.9% en 2003) no utilizan adecuadamente las matemáticas y la mitad (50.1% en 2006) tienen insuficientes conocimiento y habilidades en ciencias. Esta baja calidad de la educación es resultado -señalan- del bajo nivel de inversión educativa  en México. En nuestro país se invierte por estudiante en primaria $ 11,400 pesos al año, cantidad que es la más baja, comparada con los demás países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Y otro factor de deserción de las escuelas es la violencia en las escuelas, que cada día se está haciendo más visible, y que según la Consulta Infantil y Juvenil 2003, 16% de niños expresaron que son tratados con violencia en las escuelas y el DIF reportó en 2007 que atendió por día,  46 casos de maltrato a menores de 18 años, afectando a un poco más de niñas que niños y que 2 de cada 3 casos de maltrato (62.3%) se refieren a violencia física y emocional, mientras que de abuso o explotación sexual se presenta en el 3.9% de casos.

En el caso del derecho al esparcimiento, en promedio los niños, niñas y adolescentes ocupan según reporta INEGI en la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 3.6 horas a la semana para asistir a eventos culturales deportivos y de entretenimiento; 5.7 horas a la semana dedicadas a  participar en juegos y aficiones y 4.8 horas a la semana dedicadas a deporte y ejercicio físico.

Si bien en México se ha podido concretar avances para el cumplimiento del derecho al desarrollo de niños y niñas, reconocidos incluso, por el Comité de los derechos de Niños, en sus recomendaciones emitidas en 2006, al Estado mexicano, derivadas del tercer informe de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño expresó su preocupación por las “persistentes bajas tasas de matriculación, especialmente entre niños y niñas de familias migrantes e indígenas; los insuficientes recursos asignados a la educación; las considerables disparidades en el alcance y la calidad de la educación en zonas urbanas y rurales;  las altas tasas de deserción escolar entre adolescentes y niños y niñas de zonas rurales, indígenas y migrantes y la baja calidad de la enseñanza”

De manera que si está establecido, que el desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para consolidar capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas y para formar identidad y la autoestima de los individuos; y que, la familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento; así como para estimular la motricidad y la creatividad; para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia; me parece que todavía hay que hacer grandes esfuerzos para que todo se haga una  realidad en las niñas y niños en México .

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martes, 2 de abril de 2013

NIÑOS Y NIÑAS/DERECHO A LA SOBREVIVENCIA


Inicia el mes de las niñas y los niños y con ello vale poner énfasis en algunas de las condiciones indispensables para su desarrollo, que repercute sin duda en el desarrollo presente y futuro del país.

UNICEF-México ha señalado que los primeros años de vida, son cruciales en el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas y tienen un importante impacto en la vida adulta.

Incluso Javier Álvarez, representante de UNICEF en México, recientemente comentaba que “Si en los primeros años de vida los niños y las niñas tienen lo necesario para crecer sanos en todos los aspectos, desarrollarán capacidades verbales y de aprendizaje, asistirán a las escuelas y llevarán un vida productiva y gratificante”.

Y ahí justamente entra la intervención de Estado como garante de los derechos de l@s niñ@s, por supuesto, junto con las familias; y esto, nos lleva a recordar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) primer instrumento internacional jurídicamente vinculante a partir del cual, el mundo reconoce que los niños y las niñas también tienen derechos humanos: A ser registrados cuando nacen, a recibir atención de su salud, una buena alimentación, educación y protección contra las lesiones, el maltrato y la discriminación, obligando a los gobiernos y a los padres o tutores a asegurar que estos derechos se respeten, se protejan y se pongan en práctica.

En México la Constitución General de la República señala que, para su desarrollo integral, los niños y las niñas tienen derecho, entre otros, a satisfacer sus necesidades de alimentación y salud; y, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes garantiza su derecho intrínseco a la vida en condiciones que permitan su sano y armonioso crecimiento físico, mental, material y social (artículo 15)

La realidad de los niños y niños en México está todavía lejana de considerar el cumplimiento de los derechos antes referidos.

Hagamos un repaso para hacer visibles algunos datos referidos dentro del grupo de los derechos, clasificados en el ámbito de la sobrevivencia donde se encuentran los derechos a la salud, a la protección social y a una vida digna, dados a conocer por UNICEF-México.

Salud materna e Infantil: La salud y la supervivencia de las madres y de sus recién nacidos están estrechamente vinculadas y cuando se salva la vida de las madres, benefician a sus recién nacidos.

Si bien en México desde 1990 fue disminuyendo la mortalidad materna de 89 a 48 en 2012 por cada 100 mil nacidos vivos; por el incremento sufrido en el 2009 que llegó a 64.5 y en algunos estados de la República a 129.5 por cada 100 mil nacidos vivos; es poco probable que el país pueda cumplir con la meta fijada en los Objetivos del Milenio que señala 22 muertes por cada 100 mil nacidos vivos.

Si bien en términos generales México tiene avances en reducir la mortalidad infantil en 2010 la Secretaría de Salud estimó una tasa de 16.8 por cada 1,000 nacimientos;  al hacer un análisis a nivel estatal, resaltan las grandes disparidades que persisten en el país, estados como Coahuila, Hidalgo y Oaxaca registran tasas de 19.5, 20 y 17.9, respectivamente. A ello sumamos que en siete entidades se presentaron más de la mitad de muertes maternas: Estado de México, Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Puebla y Oaxaca que concentran la mayor proporción de habitantes del país.

En materia de Nutrición, aún cuando la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años ha tenido avances considerables e las dos últimas décadas en México; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006) la prevalencia de desnutrición crónica afecta a 1.1 millones de niños y niñas menores de 5 años, lo que refleja también desigualdad.

México es considerado un país de baja prevalencia de VIH-SIDA, acumulados al 2010 el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA reporta 144, 127 casos de menores de 15 años, el 2.3% del total; en 2010 se registraron 58 nuevos casos de SIDA perinatal.

Datos lamentables se presentan en lo que corresponde a su derecho a una vida digna: En el 2010 el 53.7% de niños y niñas de 0 a 17 años viven en condiciones de pobreza multidimensional; en zonas rurales el porcentaje se eleva a 70.7% y en zonas urbanas 74.5%.

El porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años que viven en condiciones de pobreza alimentaria es de 26.5% lo que representa 10.5 millones; sin embargo dentro de grupo de niños y niñas que hablan lengua indígena la pobreza alimentaria asciende a 69.5%. 1.1 millones de niños y niñas indígenas. Si hablamos de pobreza patrimonial el 63.4% de niños y niñas a nivel nacional la presentan.

En 2010 en México había 31.7% de niños y niñas sin acceso a la protección, ni a la seguridad social; pero en estados como Chiapas, Guerrero y Puebla se eleva a cerca del 50%. El número de derechohabientes del Seguro Popular o Para una Nueva Generación entre niños y niñas de 1 a 4 años  en 2010 fue de 3.3 millones.

Como vemos en este grupo de los derechos, clasificados dentro del ámbito de la sobrevivencia todavía hay muchos retos que deben ser abordados por los gobiernos, para que justamente los niños y las niñas tengan las  condiciones indispensables para su desarrollo, sobre todo durante los primeros años de la vida en los que la sobrevivencia puede estar en riesgo.

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