Que lo mismo puede
presentarse en el ámbito de lo privado, que en el de lo público, y muchas veces
hemos escuchado la convocatoria a construir una cultura de la denuncia, para proteger y
garantizar los derechos establecidos en diversas normas jurídicas, a favor de
las mujeres.
“La vacuna contra la violencia es la educación, y hay que
luchar en el ámbito preventivo para evitar que se reproduzcan los
comportamientos machistas porque cuando actuamos la justicia o la policía, el
daño ya está hecho”, opina Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de
Violencia de Género español.
De ahí que es preocupante conocer de hechos que violentan
los derechos humanos de las víctimas y más aún cuando proceden de figuras
públicas, por ello, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de
Diputados, expresó su preocupación ante los hechos suscitados recientemente
que hacen visibles la serie de
violencias que se ejercen en contra de las mujeres, en un Pronunciamiento aprobado
por unanimidad, en el que se hace un llamado a cumplir con la aplicación de la
legislación vigente que protege y garantiza los derechos humanos de las
mujeres.
Exigimos que la ley se cumpla. Lo mismo en el caso del ex
Ministro Genaro Góngora Pimentel, para que se responsabilice del pago de pensión alimentaria a la que
tienen derecho sus hijos; que, por las declaraciones del Arzobispo de la
Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que menosprecia los casos de
pederastia, pero eso sí, señala que las mujeres, deben ser criminalizadas
cuando hacen uso de su derecho a interrumpir un embarazo; o, en el caso de Gerardo Saade a quien se le
permite un proceso de conciliación por la violencia ejercida en contra de su
novia, cuando está expresamente prohibidos en el artículo 52 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia “La víctima no será
obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor” o, en
cualquiera caso en los que se ejerza algún tipo de violencia en contra de las
mujeres, sea cual fuese su condición.
De
ahí el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a “asumir, en
el marco de sus competencias, la obligación de prevenir, atender y sancionar la
violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará, 1994) y sus
correspondientes mecanismos de vigilancia, así como la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
“Conminamos
a las y los funcionarios públicos a incorporar en su gestión buenas prácticas
que contribuyan a mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia que
garanticen su acceso a la justicia conforme al debido proceso y en condiciones
de seguridad; particularmente, demandamos la erradicación de prácticas que las
revictimizan, del tráfico de influencias y de los actos de corrupción.
La
violencia en contra de las mujeres es un delito que no puede ni debe ser
tolerado, sino investigado y sancionado”, señala el Pronunciamiento.
La Plataforma de
Acción de Beijing señala que “La violencia contra la mujer impide el logro de
objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia contra las mujeres viola
y menoscaba o impide el disfrute de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. La inveterada incapacidad de proteger y promover esos derechos y
libertades en los casos de violencia contra las mujeres es un problema que
incumbe a todos los Estados y exige que se adopten medidas al respecto”.
Nadie
debe permitir que haya violencias “toleradas”.
Correo electrónico: rociog@prodigy.net.mx
Twiter: @rgolmedo
Facebook: Palabra de Mujer Atlixco
No hay comentarios:
Publicar un comentario