PENSION UNIVERSAL.

Por: Rocio Garcia O

La semana anterior en Cámara de Diputad@s aprobamos una reforma que eleva a rango constitucional, la pensión universal y el seguro del desempleo, ello significa, la garantía en el ejercicio de derechos sociales plasmados en nuestra Constitución, fundamentalmente en beneficio de las personas más vulnerables y aquellas que más lo necesitan.

Se prevé que a partir del año 2014, más de 7 millones de adult@s mayores de 65 años tengan garantizado un apoyo financiero para sufragar sus gastos básicos de manutención que les permita una vida digna.

Y esto tiene que ver con un fenómeno poblacional en el que México está inmerso. El proceso de envejecimiento en nuestro país, que nos indica que México empieza a perder su forma triangular -característica de una población joven-  para adquirir un perfil rectangular -abultado en la cúspide- propio de las poblaciones envejecidas.

Este proceso de envejecimiento no es reversible. México se está transformando paulatinamente en un país con más viejos que niños.  Las personas nacidas entre 1960 y 1980 ingresarán al grupo de 60 años y más a partir de 2020, lo que refleja un aumento en las proporciones de adultos mayores, que en el año 2000 fue de alrededor de 7.0% y que para 2020 se incrementará a 12.5% y a 28% en el 2050.

Este proceso tiene que ver –entre otros factores- con el aumento de la esperanza de vida de los mexicanos que en los años 40`s era de 43.5 y actualmente es de 76.4 años. Por supuesto la vejez tiene un rostro mayoritariamente femenino. [1]

En el año 2000 residían en México 6.9 millones de personas de 60 años y más, CONAPO proyecta que para 2030 serán 22.2 millones y a la mitad del siglo alcanzarán una cifra de 36.2 millones. Este incremento ocurrirá a partir del año 2020.

De ahí la importancia de esta reforma constitucional, base -en este rubro- de la reforma hacendaria recientemente aprobada, -hoy en Cámara de Senador@s para su revisión- que si sólo retomáramos ésta parte de la misma, demostramos el carácter social de la misma-

Si partimos de la  proyección de CONAPO, de que el incremento en la población adulta mayor ocurrirá a partir del año 2020, podemos dar cuenta de que sólo tenemos siete años para preparar las condiciones que permitan encarar adecuadamente este proceso que implica la previsión desde nuestra alimentación, economía y fundamentalmente de un sistema de seguridad social que deberá atender de manera efectiva a un sector de la población que experimentará deterioros funcionales, incapacidades, discapacidades, problemas de salud, entre otros, ya que seremos muchos ancianos/as y un alto porcentaje de ellos no cuentan con seguridad social y mucho menos con una pensión.

Esta reforma constitucional, permitirá al Gobierno Federal diseñar la serie de acciones de política pública para enfrentar este proceso. La reforma hacendaria aprobada incorpora ya la previsión de este tema.

Y en su momento, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, que las/os diputados aprobaremos antes del 15 de noviembre, deberemos asegurar el financiamiento suficiente para instrumentar esta reforma.

Esta reforma constitucional incluye también el seguro de desempleo, que permitirá reducir efectos económicos y sociales a hombres y mujeres, por alguna eventual pérdida del empleo; pero es importante precisar que su financiamiento básico no será a costa de las aportaciones al Infonavit, -como han querido desvirtuar algunas voces- sino solamente en una proporción de 0.25%, el resto se define en la ley del seguro social y su administración estará a cargo del IMSS.

Todas estas medidas permitirán avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social universal y demuestran la responsabilidad en el ejercicio de gobernar del presidente Enrique Peña Nieto.

[1] Transición demográfica en México. CONAPO

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ALGUNOS APORTES SOBRE LA REFORMA HACENDARIA Y SOCIAL.

Por: Rocio Garcia Olmedo

Sin duda de gran trascendencia la reforma hacendaria que se aprobó en Cámara de Diputadas/os la semana anterior,  tras un intenso debate y un esfuerzo colectivo y plural, que no crea nuevos impuestos, pero que sí pretende acabar con los privilegios que durante muchos años han generado pobreza y desigualdad en nuestro país.

Es muy difícil aspirar a la unanimidad en temas como estos, sin embargo, es importante difundir algunas de las modificaciones que se hicieron a la Iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, recordando que los tres ejes de la reforma son: La seguridad social como derecho, Reestructura Hacendaria y Acelerar el crecimiento.

En Vivienda, se retiró la propuesta de gravar la enajenación. Se retiró la propuesta de gravar intereses y comisiones derivados de créditos hipotecarios. Se retiró la propuesta de gravar el arrendamiento. Se reincorpora la deducción de reservas territoriales con candado de 3 años.

Se retiró la propuesta de gravar colegiaturas.

Se reincorpora la deducción de los costos en materia de tiempos compartidos.

Habrá exención a la enajenación de casas habitación de hasta  700 mil dólares o 3.5 millones de pesos.

Se amplía el régimen de incorporación de 1 a 2 millones de pesos el monto para poder tributar en este nuevo régimen (ISR), con esto quedan incorporados los REPECOS.

Se reincorpora la deducción de los costos en materia de tiempos compartidos. Se reincorpora la deducción de reservas de aseguradoras. Se amplía el plazo a 4 años para permanecer bajo la figura de Shelteras Se determina una nueva Tabla de Tasa de ISR a ingresos superiores a 500 mil pesos anuales.

La deducibilidad de donativos queda fuera del tope de deducciones personales, hasta 7% de los ingresos. Se reincorpora la deducción de aportaciones a fondos de retiro complementarias a las obligatorias por Ley con un tope de deducción  de 47%. Establecimiento de calendarios diferidos de pago de ISR.

Cuotas patronales: 2% de SBC permanecen en la subcuenta de vivienda

                                       2.75% de SBC se destina a Subcuenta Mixta

                                       0.25% del SBC se destina a Fondo Solidario

Sector Agropecuario: Ingresos de 0 a 900 mil pesos: 0% de Impuesto

Ingresos de 900 mil a 10 millones: 21% impuesto con contabilidad simple      y facilidad administrativa

 Ingresos superiores a 10 millones: Régimen general

Restaurantes: Se reincorpora la deducción en consumos al 8.5%

El IVA en los estados de las Fronteras del país que pagaban un porcentaje menor a los restantes Estados, quedó en sus términos, se aprobó su homologación al 16%.

En el Código Fiscal de la Federación (CFF) no se aprobó la propuesta del Ejecutivo sobre Clausula de anti-elusión.

 Se aclara la responsabilidad solidaria a accionistas para que respondan con su patrimonio en conductas graves y se establece con claridad el concepto control efectivo. Se exhorta al SAT a establecer gradualmente la Contabilidad por Internet. Prevalecen supuestos de omisión y propuesta de acción que conduzca al delito dentro de responsabilidades penales de administradores, contadores, profesionistas, etc., pero acotadas y sin estigmatizar. Se eliminan  las propuestas de responsabilidad penal de las personas morales, entre otras.

En la Ley Federal de Derechos (LFD) la deducción de las inversiones en exploración del derecho especial sobre minería. Repartición de los recursos de los nuevos derechos sobre minería en 40% Gobierno Federal, 30% Estados y 30% Municipios, el destino de los recursos hacia el gobierno federal será a infraestructura.

Se modificó también el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en relación a combustibles fósiles, a tabacos labrados, se grava con 5% alimentos con alta densidad calórica (270 Kilocalorías por 100 gr. o más) y las bebidas azucaradas se quedan con un incremento de 1 peso por litro. El régimen para pequeños mineros será cuando tengan ingresos hasta 50 millones de pesos. Se pagará un impuesto de 2.5% sobre el precio del gas grisú.

En la Ley Aduanera, se establece que el almacenamiento y custodia gratuita de mercancías en recintos fiscalizados que se encuentren en aduanas será por siete días en lugar de cinco. Se incluye una excepción de responsabilidad solidaria, salvo cuando se utilicen servicios de agente aduanal y éste no resulte responsable. Se obliga al SAT a publicar las reglas para exámenes de agentes aduanales.

Lo anterior son sólo algunas de las más de 100 modificaciones que se hicieron a la Iniciativa original. Sin duda ha sido una reforma con un sentido federalista que comparte con las entidades y municipios el impuesto a la explotación minera e incentiva un mejor gasto y la recaudación a nivel local. Es una reforma que complementa la orientación social del seguro de desempleo y la pensión para adultos mayores con nuevos impuestos que promueven la salud pública y que impulsa la sustentabilidad del desarrollo a través del impuesto a los combustibles fósiles.

En el procedimiento legislativo, este Dictamen ha sido enviado a la Cámara de Senadores/as para su análisis y aprobación en su caso.

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“Lo que no se hace visible, No se ve”

De ahí la importancia de recordar los significados históricos en torno a la conquista de la igualdad de derechos en términos de ciudadanía para las mujeres. Y hacerlo cuando todavía se escuchan voces que demuestran una falta absoluta de comprensión, acerca de lo que es la igualdad de derechos en términos de ciudadanía; como la que recientemente tuvimos acceso de conocer por la red social tuiter del hoy Senador Panista Javier Lozano Alarcón.

Recordar que México fue uno de los últimos seis países en América Latina que reconoció a las mujeres este derecho, que si bien es una conquista de las sufragistas, también México tuvo que hacerlo por las presiones internacionales que para entonces ya tenía.

Cómo no recordar las palabras de Hermila Galindo en 1916 en su texto Soy una mujer de mi Tiempo: “Es de estricta justicia que la mujer tenga voto en las elecciones de las autoridades porque si ella tiene obligaciones para con el grupo social, razonable es que no carezca de derecho”

Logro social que ya no tiene marcha atrás; aún con esas voces retrógradas. Movimiento que no sólo luchaba por el voto; esta lucha era la representación; por el derecho a tener derechos.

Desde entonces ya se exigía el derecho a la educación y a la salud; derechos laborales, jornadas y salarios justos; derechos sexuales -como lo señaló Hermila Galindo en aquella época- y desde entonces también, una lucha por la construcción progresiva de nuestros derechos. Agenda Pública de Transformación que ha sido construida a partir de las propias mujeres.

Progresividad y vigencia de derechos para todas y todos que transforme lo público y lo privado, por ello  la importancia de acelerar los procesos; y de ahí fundamental la Iniciativa de Reforma al Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE) presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, que nos permita transitar en ese proceso civilizatorio de que más mujeres obtengan una representación política, para ir reduciendo esas brechas en la participación de las mujeres en el ámbito de la política y la innegable sub representación; y de ahí también, la importancia de esa medida afirmativa que permitirá que más mujeres ocupen plazas de trabajo de mayor jerarquía en el IFE, hoy ocupadas en un 78.20% por hombres y sólo 21.80 % por mujeres al incorporar en la Convocatoria de la Comisión del Servicio Profesional Electoral el Concurso Público de plazas donde sólo participen mujeres.

Y por ello también, recordar a las poblanas que se organizaron para sumarse a la lucha por el reconocimiento del derecho a votar y ser electas:

CARMEN CABALLERO DE CORTES fundadora y presidenta de la Agrupación Civil “Mujeres Poblanas” que se convierte en la primera directora femenil, en el PRI, LUZ ASOMOZA DE BAUTISTA, LIC. CONCEPCION SARMIENTO, CONSUELO I DE VALDEMAR, BLANCA ROMANO DE RUIZ, ROSALIA OROPEZA, ANGELA PARRA, AMELIA JOFRE, ANGELES FLORES DE BERISTAIN, IRENE RAMIREZ, AURORA ARTIME, LUZ GOMEZ DE ROMERO, XERUTZA RANGEL, FABIOLA GARCIA ROSSETTI DE STEFANONI, ANA MARIA GARRIDO, BERTHA YEVERINO MUÑOZ, DOLORES PRIETO, CONSUELO GAMBOA, DOLORES MARIN, GUILLERMINA CANO, AIDA PARDO DE OCHOA, PITA PARDO DE PERALTA, MA. DE LOS ANGELES FLORES FERNANDEZ DE LARA, ADORACION YOUSHIMATZ  MORALES.

Todas líderes, obreras o campesinas, de la radio, de burócratas, sindicalistas, magisteriales;  y al lado de ellas, muchas otras cuyos nombres todavía falta por rescatar; que se fueron organizando;  que instituyen en Puebla los desayunos escolares, que crean el Periódico femenil del PRI y fundan las representaciones femeniles en cada uno de los sectores de este partido político. Que se reunían en mesas de trabajo, discutían los problemas y fueron enlistando las propuestas que conducirían en la para entonces anunciada Convención Nacional de la que fueron delegadas. Documento presentado por la delegación poblana que planteaba diez propuestas, pero también “serias críticas y severos cuestionamientos que se encontraban sumergidos en las conciencias femeninas”.

Los partidos políticos así, se vieron obligados a enarbolar las causas femeninas, y en Puebla -como en el resto de los estados- al darse cuenta que con el registro de las mujeres, el padrón electoral de aquella época podía alcanzar cerca de cien mil registros (los varones registrados eran 45 mil), las brigadas para registrar a las mujeres se hicieron intensas.

Cómo no recordar que en Puebla, los dirigentes del PAN y de la Unión Nacional Sinarquista (UNS) continuaban con el “propósito de que la mujer, particularmente la católica, debería dar la batalla contra las tendencias disolventes de la familia y defender su hogar y su decoro” pero al mismo tiempo,  confesaban estar a punto de terminar una redacción de un proyecto de actividades “para apoderarse de los contingentes de mujeres, decisivos en las elecciones de 1955, año de renovación parcial de diputados al Congreso de la Unión”. El Comité Regional del PAN en Puebla nombra como jefa del Comité Femenil a Esperanza Rodríguez de Aguilar.

En cambio los dirigentes del Partido Comunista Mexicano reconocían que las mujeres” han jugado un papel decisivo en la historia del país y siempre han abanderado las causas nobles”

Y el Partido Popular Socialista expresaba que el futuro del país dependía de la acción coordinada de todos los mexicanos, hombres y mujeres, particularmente de la incorporación plena de la mujer en la vida política, “sin las mujeres no es posible construir la democracia”.

Entre tanto en el PRI surgen, las primeras mujeres que ocuparon cargos de representación, Luz María Martínez Contreras y Carmen Yáñez, presidentas municipales por San Martín Texmelucan y Pantepec en la década de los 50as,  Esperanza Ramos de Naranjo Diputada al Congreso del Estado 1963-1966 por el Distrito de Texmelucan, Esther Leal de Aguilera, Diputada Federal, Profa. Guadalupe López Bretón, Senadora de la República en la década de los 70as.

Como vemos el movimiento político en Puebla, que culmina legislativamente con el Decreto publicado en 1953, parte de las preocupaciones de las mujeres de aquella época, por sus derechos laborales, por el cuidado de los niños, por los problemas de la maternidad y de salud no atendidos, es decir, del desarrollo social; bien dice la Dra. Huerta Jaramillo “en esos preceptos las mujeres encuentran la llave para abrir la puerta, hasta entonces cerrada, de la práctica de la política institucional”.

Evidentemente esta lucha no ha concluido, seguiremos dando la batalla en esa que ha sido llamada la “Revolución pacífica de las Mujeres”  enfrentando las acciones oscurantistas que como vemos siguen vigentes, ya que “Lo que no se hace visible, No se ve.”

Fuente: 

Herrera Feria Maria de Lourdes (Coordinadora).- Estudios históricos sobre las mujeres en México.- BUAP Centro de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras.

Huerta Ana María Dolores.- Las mujeres poblanas y el derecho al voto. Significados preliminares, 1953

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BALANCES.

Por: Rocio Garcia Olmedo

En unos días se cumplen, apenas, 60 años de la obtención del voto femenino en México, momento propicio, para hacer los balances de lo que este acontecimiento ha significado para la vida política de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto; y un rescate de los antecedentes de la contienda femenina por la ciudadanía en nuestro país que pueden ser rastreados tan atrás, como el año de 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas solicitó que se les otorgara esa calidad, o en Puebla, cuyos antecedentes de la lucha por el voto de las mujeres  se remontan a  1936, año en que se pudo hacer una modificación a la ley y se obtuvo el derecho al sufragio en las elecciones locales, que ocurrió también en otros estados del país, pero que después de aquellas elecciones no volvió a darse otro avance, en los hechos, es decir se clausuró este proceso.

De ahí que esta demanda por el voto continuó en diversos escenarios y con variadas protagonistas hasta lograr su reconocimiento justamente un 17 de octubre de 1953. Muchos años de lucha, sentaron las bases para la incorporación de más de la mitad de la población a la vida cívica y a los procesos políticos de México.

Con este mismo propósito, entra en vigor la reforma que permitía elevar constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres. Y sin embargo este acontecimiento ¿Qué ha significado en la vida política de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto? A 60 años ¿Estas medidas legislativas se han traducido en situaciones reales  de igualdad? 

Las mujeres representamos el 51.7 del padrón electoral y el 51.95 de la Lista Nominal, Aún cuando a participación activa de las mujeres refleja un crecimiento, que demuestra que se avanza en el respeto, la garantía y la aceptación de que las mujeres ejerzan su ciudadanía con efectividad; los datos reflejan que en el ámbito de lo público sólo 23 mujeres hasta finales del 2011, han alcanzado en la administración pública cargos de Secretarias de Estado. Sólo 5 mujeres han sido candidatas a la Presidencia de la República –aunque sólo 1 ha sido postulada por uno de los tres partidos políticos más importantes del país- En el Poder Legislativo la presencia de mujeres ha variado del 6% en la XII Legislatura (1952-1955) para la LXI se tenía un 28% (2009-2012) porcentaje que disminuyó por la presencia del fenómeno “juanitas” donde diez mujeres solicitaron licencia ocupando sus curules sus suplentes varones. Actualmente hay 187 mujeres (37.4%) logro, que se debe al Resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota establecida en el COFIPE de mujeres (60-40), la sentencia emitida por la Sala Superior, fue contundente, los partidos políticos -no de muy buen agrado- tuvieron que postular mujeres y cumplir así  con  la sentencia.

De manera que aún cuando el crecimiento ha sido paulatino y mayor, no ha sido constante en Cámara de Diputadas/os.

En  la Cámara de Senadores/as ha sido más constante entre una y otra Legislatura. De 3.4% en 1964, a 22.77% en 2011, actualmente hay 44 mujeres Senadoras

En 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) recomendaba garantizar una mayor participación política de las mujeres, fue hasta 2008 cuando se establece la obligatoriedad de postular no más del 60% de candidaturas del mismo sexo en cargos de diputaciones y senadurías.

Si nos remitimos a las entidades federativas, sólo seis han sido gobernadas por mujeres, actualmente ningún estado de la República es gobernado por una mujer. Respecto de diputaciones locales se ha aumentado del 9.6% en 1991 a 23.6% en 2011. Pero en el ámbito municipal se presentan los mayores obstáculos, de los 2440 municipios y 16 delegaciones, sólo 156 los preside una mujer (6.8%) y en 25 años, las presidencias municipales encabezadas por mujeres han tenido un incremento del 3%.

Así sigue siendo indispensable ese proceso de concientización que permita incorporar referencias expresas en las legislaciones federales y locales, respecto a la igualdad de oportunidades y trato equivalente en los partidos políticos. Se tiene que alcanzar la equiparación de las condiciones de partida de las mujeres postuladas en los procesos de selección de candidaturas, respecto a las que tienen los hombres en estos procesos. Tener el mismo trato, implica considerar las diferencias y desigualdades que se presentan, se trata de dar un trato diferencial a hombres y mujeres en los partidos políticos, para eliminar esas desventajas de inicio. Solo de esa manera lograremos la igualdad de resultados que permita gozar todos/as y ejercer nuestros derechos; de manera que necesario eliminar cualquier distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que pueda anular el goce y ejercicio de derechos sin discriminaciones y con oportunidades y trato que favorezca tal ejercicio (Garcia, PNUD, 2009).

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