BALANCES.

Por: Rocio Garcia Olmedo

En unos días se cumplen, apenas, 60 años de la obtención del voto femenino en México, momento propicio, para hacer los balances de lo que este acontecimiento ha significado para la vida política de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto; y un rescate de los antecedentes de la contienda femenina por la ciudadanía en nuestro país que pueden ser rastreados tan atrás, como el año de 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas solicitó que se les otorgara esa calidad, o en Puebla, cuyos antecedentes de la lucha por el voto de las mujeres  se remontan a  1936, año en que se pudo hacer una modificación a la ley y se obtuvo el derecho al sufragio en las elecciones locales, que ocurrió también en otros estados del país, pero que después de aquellas elecciones no volvió a darse otro avance, en los hechos, es decir se clausuró este proceso.

De ahí que esta demanda por el voto continuó en diversos escenarios y con variadas protagonistas hasta lograr su reconocimiento justamente un 17 de octubre de 1953. Muchos años de lucha, sentaron las bases para la incorporación de más de la mitad de la población a la vida cívica y a los procesos políticos de México.

Con este mismo propósito, entra en vigor la reforma que permitía elevar constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres. Y sin embargo este acontecimiento ¿Qué ha significado en la vida política de las mujeres, y de la sociedad en su conjunto? A 60 años ¿Estas medidas legislativas se han traducido en situaciones reales  de igualdad? 

Las mujeres representamos el 51.7 del padrón electoral y el 51.95 de la Lista Nominal, Aún cuando a participación activa de las mujeres refleja un crecimiento, que demuestra que se avanza en el respeto, la garantía y la aceptación de que las mujeres ejerzan su ciudadanía con efectividad; los datos reflejan que en el ámbito de lo público sólo 23 mujeres hasta finales del 2011, han alcanzado en la administración pública cargos de Secretarias de Estado. Sólo 5 mujeres han sido candidatas a la Presidencia de la República –aunque sólo 1 ha sido postulada por uno de los tres partidos políticos más importantes del país- En el Poder Legislativo la presencia de mujeres ha variado del 6% en la XII Legislatura (1952-1955) para la LXI se tenía un 28% (2009-2012) porcentaje que disminuyó por la presencia del fenómeno “juanitas” donde diez mujeres solicitaron licencia ocupando sus curules sus suplentes varones. Actualmente hay 187 mujeres (37.4%) logro, que se debe al Resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota establecida en el COFIPE de mujeres (60-40), la sentencia emitida por la Sala Superior, fue contundente, los partidos políticos -no de muy buen agrado- tuvieron que postular mujeres y cumplir así  con  la sentencia.

De manera que aún cuando el crecimiento ha sido paulatino y mayor, no ha sido constante en Cámara de Diputadas/os.

En  la Cámara de Senadores/as ha sido más constante entre una y otra Legislatura. De 3.4% en 1964, a 22.77% en 2011, actualmente hay 44 mujeres Senadoras

En 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) recomendaba garantizar una mayor participación política de las mujeres, fue hasta 2008 cuando se establece la obligatoriedad de postular no más del 60% de candidaturas del mismo sexo en cargos de diputaciones y senadurías.

Si nos remitimos a las entidades federativas, sólo seis han sido gobernadas por mujeres, actualmente ningún estado de la República es gobernado por una mujer. Respecto de diputaciones locales se ha aumentado del 9.6% en 1991 a 23.6% en 2011. Pero en el ámbito municipal se presentan los mayores obstáculos, de los 2440 municipios y 16 delegaciones, sólo 156 los preside una mujer (6.8%) y en 25 años, las presidencias municipales encabezadas por mujeres han tenido un incremento del 3%.

Así sigue siendo indispensable ese proceso de concientización que permita incorporar referencias expresas en las legislaciones federales y locales, respecto a la igualdad de oportunidades y trato equivalente en los partidos políticos. Se tiene que alcanzar la equiparación de las condiciones de partida de las mujeres postuladas en los procesos de selección de candidaturas, respecto a las que tienen los hombres en estos procesos. Tener el mismo trato, implica considerar las diferencias y desigualdades que se presentan, se trata de dar un trato diferencial a hombres y mujeres en los partidos políticos, para eliminar esas desventajas de inicio. Solo de esa manera lograremos la igualdad de resultados que permita gozar todos/as y ejercer nuestros derechos; de manera que necesario eliminar cualquier distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que pueda anular el goce y ejercicio de derechos sin discriminaciones y con oportunidades y trato que favorezca tal ejercicio (Garcia, PNUD, 2009).

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